Senadores de la UCR insisten con la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Narcomenudeo

Si se adhiere a la ley nacional de narcomenudeo estos casos podrían ser investigados por la justicia provincial del lugar

 

En la sesión de este último jueves, los Senadores Provinciales del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley -originario de Lisandro Enrico- por el cual insisten con la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la “Ley Nacional N° 23.737 de narcomenudeo y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26052 (Ley de Desfederalización Parcial de la competencia Penal en materia de Estupefacientes)”.

 

Atento a los antecedentes obrantes, Michlig manifestó que “es urgente que la clase política en su conjunto esté a la altura de las circunstancias y se entienda la urgencia de la situación para permitir a través de este instrumento legal la intervención de la justicia provincial en la lucha contra el narcotráfico, al igual que en todas las provincias vecinas”. El Proyecto ingresado fue suscripto por todos los miembros del bloque de la UCR, entre ellos, Lisandro Enrico, Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla, Hugo Rasetto, German Giacomino y Leonardo Diana.

Hoy la justicia ordinaria no puede intervenir

En los argumentos del proyecto radical se destaca  que “No escapa a la visión de todos que la venta de droga en los denominados «kioscos» o lugares similares se da en la gran cantidad de localidades santafesinas, en todos los sectores de las ciudades, desde locales como simples comercios o en casas comunes. Los lugares de venta de droga se han multiplicado a lo largo, a lo ancho y en lo profundo de nuestra provincia”.

 

“Sin embargo, para el Estado es una gran dificultad poder desbaratar esos kioscos de venta de drogas. ¿Por qué? ¿Por una cuestión operativa? o ¿de recursos humanos? No. Es por un impedimento legal; la justicia ordinaria no puede intervenir. Tan increíble como insostenible hoy día. Uno de los delitos más comunes y esparcidos territorialmente, en vez de ser investigado por la justicia provincial, debe esperar por una justicia de excepción (justicia federal) que no tiene ni la extensión ni los recursos funcionales para poder abordarlo con todo lo que ha crecido».

 

Facultar a los órganos fiscales y a la policía local

Asimismo el autor del proyecto originario Lisandro Enrico sostuvo que “La conexión con otros delitos, mayormente de competencia jurisdiccional de las provincias, hacen que los órganos fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino y la propia policía, cuenten con información valiosa surgida de la propia investigación de delitos comunes (robo, hurto, encubrimiento, tenencia de armas, etc.) convierten esto en la clara necesidad de contar con una «herramienta» procesal que permita el «accionar» que transponga el límite de la denuncia o simple puesta en conocimiento de la justicia federal de hechos delictivos relacionados al narcotráfico o a los distintos eslabones de la cadena de comercialización de la droga».

 

La necesidad de facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo indudablemente hará que donde la justicia federal por los motivos antes mencionados no llega, si lo haga la justicia local por la cercanía y la inmediación con la investigación del delito. Es evidente que en estos últimos 30 años la situación de la narcocriminalidad ha cambiado y crecido, pero, el sistema legal, sigue siendo el mismo. O sea. La realidad cambió muchísimo y la ley no.

 

Por su parte Michlig explicó ante la prensa legislativa que «en la actualidad suceden hechos en localidades muy alejadas de donde los tribunales federales tienen competencia territorial, donde el estado provincial podría otorgar una rápida y eficaz administración de justicia por Inmediatez con el lugar del ilícito». Por ejemplo: «Un caso de venta de drogas en un kiosco de algún lugar en Tostado, Villa Minetti, -por citar algún punto del norte provincial- actualmente es investigado por un juez y un fiscal federal ubicados en la ciudad de Rafaela con una distancia de más de 250 kilómetros. Siendo que se adhiere a la ley nacional de narcomenudeo estos casos podría ser investigado por la justicia provincial del lugar”, ejemplifico Felipe Michlig.

 

 

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