El Fiscal General, Jorge Baclini, sostuvo que el MPA continúa afianzándose y consolidándose, no obstante pidió “un acuerdo político que permita sentar las bases de un plan provincial de política criminal para combatir el delito”
Prensa En el Recinto. Se cumplen mañana nueve años de la puesta en marcha en la provincia de Santa Fe del sistema procesal penal oral y adversarial. Su implementación implicó una de las transformaciones institucionales más significativas en toda la historia de la provincia y, en particular, del Poder Judicial santafesino.
“A nueve años de aquel 10 de febrero de 2014, el balance que hacemos es sumamente positivo”, afirmó el Fiscal General, Jorge Baclini. “Los cambios implementados permitieron democratizar la Justicia Penal de nuestra provincia, porque la dotaron de transparencia y la hicieron mucho más cercana a la ciudadanía. Al mismo tiempo, las transformaciones también permitieron que, de una vez por todas, el proceso penal santafesino se ajuste a lo establecido en la Constitución Nacional”, añadió.
Baclini planteó que “parece que el sistema procesal penal y el MPA funcionan desde siempre en Santa Fe. Sin embargo, no debemos olvidar que mi gestión que termina este año es la segunda desde 2014. Es decir, recién este año deberá asumir el tercer Fiscal General”.
“En ese contexto, si bien el MPA continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación institucional, es impostergable un acuerdo político que permita definir políticas claras y a largo plazo para combatir el delito”, advirtió.
En tal sentido, el Fiscal General especificó que “ese consenso político–institucional deberá involucrar a los tres poderes del Estado, para permitir sentar las bases de un plan provincial de política criminal. Y ese plan debería contemplar, como mínimo, el control de las armas de fuego; el abordaje de las víctimas de violencia altamente lesiva; el fortalecimiento de unidades fiscales del MPA y de las áreas de investigación, tecnología y criminalística; el replanteo del actual sistema penitenciario y la ampliación de recursos institucionales para la asistencia y protección de víctimas y testigos”, precisó.
Al mismo tiempo remarcó que también “es indispensable que, de una vez por todas, se solucionen las carencias de recursos humanos que tenemos en toda la provincia. No puede ser que mientras la provincia de Mendoza tiene un plantel de 1.600 personas trabajando en la investigación del delito, nosotros –con casi el doble de población– contamos solo con 650”.