Prensa En el Recinto. En el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que preside el diputado Itai Hagman (UxP), recibió a representantes de asociaciones civiles y organizaciones sociales, quienes expusieron acerca de la situación de los desalojos.
En el inicio de la reunión informativa, Leonel Bazán, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó el contexto en el que se debate el proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada: «No tiene en cuenta estándares mundiales de derechos humanos, ni las recomendaciones que le hace al Estado argentino el Comité de Derechos Sociales sobre esta materia, y jurisprudencia reciente de la Corte».
«En definitiva, establece una misma modalidad de desalojo para distintos colectivos afectados, de aprobarse, va a generar más vulneración de derechos, agravando la situación de conflictividad social”, advirtió.
Por su parte, Sebastián Artola, integrante de Inquilinos Agrupados (Rosario), dijo que “estamos muy preocupados de que avance el proyecto por el impacto que va a tener en las familias, profundizando una situación crítica que se vive en los grandes centros urbanos».
En el mismo sentido, Karina Chiappa, vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos, cuestionó la norma en debate: “Vulnera nuestros derechos, equipara los inquilinos con la figura de la usurpación”.
Asimismo, Juan Francisco Venturino, abogado especialista en desalojos, explicó que “los desalojos son un problema multidimensional”. Y apuntó que en Argentina «hay un problema muy serio que es el déficit habitacional».
En otro orden, Franco Carballo, integrante de la Asociación de Derecho Urbano Argentina (ADUA), consideró como “una oportunidad única” poder debatir sobre la Ley de Regularización Dominial, en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Necesitamos modernizarla, hay muchas propiedades con posesión, necesitamos que se perfeccionen con un título».
En coincidencia, Selene Posteraro Sánchez, abogada, advirtió que “este proyecto, deja indefensos a poseedores de viviendas urbanas y familias agricultoras porque pretende modificar el artículo 1° de la Ley 24.374, exigiendo una posesión de diez años en lugar de los tres años contemplados al momento de sancionarse”. “Si bien es una ley del siglo pasado, el espíritu de la norma es el fin social para garantizar el derecho a la vivienda a quienes compraron de buena fe», concluyó.
También participaron del encuentro Agustina D’Amore, representante de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Eva Reinoso, integrante del colectivo “Yo No Fui”; Natalia Correa, representante del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone; María Cita Aspiazu y Vanesa Valdés, vecinas del Barrio Saldías Barrio 31; María Lucila “Pimpi” Colombo, dirigente del Sindicato Amas de Casa (SACRA); Héctor Ariel D’Orazio, subdirector general de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario; así como, representantes de las organizaciones de Endeudados Organizados e Inquilinos Agrupados de distintas provincias, entre otros.
