Redacción En el Recinto. “¿Dejamos de excepcionar a todas las empresas que renuevan sus pedidos de factibilidad y en consecuencia las obligamos a cerrar sus puertas hasta tanto el Departamento Ejecutivo disponga la creación de un nuevo Parque Industrial con espacio para todos o nos sentamos a esperar que alguna empresa en funcionamiento se vaya y produzca alguna vacante para el ingreso de otra?”, preguntó el conejal Franco Mazzoli al momento de los dictámenes.
Fue el edil de Fuerza Libertaria quien rechazó el veto a la Ordenanza aprobada el 27 de junio que disponía una excepción para el pedido de factibilidad del señor Juan Carlos Barbero. “Si el Departamento Ejecutivo esquiva de manera injustificada o por su sola postura imperativa la toma de decisiones para dar soluciones concretas para mantener y aun aumentar el funcionamiento de la industria local, este cuerpo ostenta los resortes institucionales y las herramientas legislativas para sí hacerlo”, completó.
“La Ordenanza 5417 fue promulgada en el año 2005 y en su trayecto hasta el día de hoy, se han otorgado y se seguirán otorgando innumerables excepciones a la misma, que han servido al funcionamiento y continuidad de las empresas radicadas en nuestra ciudad. De no haberlo hecho, hubieran cerrado todas”, remarcó desde su banca. “Hoy la situación es clara en cuanto a la imposibilidad fáctica de empresas que así lo quisieran de radicarse o trasladarse a los parques industriales de nuestra ciudad por la inexistencia de lotes”.
En cuanto al veto a la Ordenanza, Mazzoli explica que se fundamenta en que “se dispone una excepción sin fundamento alguno en un tema tan sensible y relacionado al medio ambiente como lo es el impacto de las actividades industriales y el uso de suelo urbano (régimen vigente del Area Industrial), resulta un acto inválido; Paralelamente, la Ordenanza incurre en una grosera invasión de competencias, extralimitando sus facultades al disponer el otorgamiento de una factibilidad: atribución propia del Ejecutivo”. A lo cual, el edil explica que tales apreciaciones, son sumamente contradictorias a las esgrimidas en el Expediente Nº 3663 letra B, en ocasión de observar mediante decreto 7228/24 el otrora proyecto de ordenanza mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo que elabore una ordenanza de excepción, refiriendo en los argumentos del decreto que “En definitiva, es ese cuerpo deliberante quien tiene que tratar la cuestión, y no el Departamento Ejecutivo que ha expresado claramente su voluntad respecto a la imposibilidad de trasladar dicha empresa”.
“La clara contradicción en la que incurre, demuestra a las claras o bien un desconocimiento profundo de sus atribuciones o la negativa, por la negativa misma, de impedir y cercenar el derecho a trabajar de numerosas familias cañadenses, pues si bien puede excepcionar mediante decreto y en casos debidamente justificados, resulta evidente que no ha evaluado o no le interesó evaluar en absoluto las características propias de la especie, y los motivos por los cuales, efectivamente, corresponde excepcionar”, subrayó en la sesión.
