Prensa En el Recinto. En la noche del último día de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia, que se publicará en los próximos días, por el que reformula en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) mediante una reorganización integral del sistema de inteligencia. Como ejes centrales, el documento establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”. En la base del texto se introduce el término “riesgo estratégico nacional” como cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.
El decreto otorga mayor poder a la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Además, tendrá a disposición una gran caja, en buena medida discrecional: será la que apruebe y controle los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados. Y un gran despliegue: podrá requerir información a todos los organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le dará la facultad de «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia o por orden judicial.
El DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas con definición amplia: espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los «intereses estratégicos del país». Casi todo bajo su órbita.
FUENTE: Diario El Ciudadano
