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Diputados aprobó la emergencia social, educativa y sanitaria en la provincia

Tiene como finalidad garantizar derechos de salud, y seguridad alimentaria. También, hubo cambios en la ley de pena privativa de libertad, y una declaración de repudio contra el DNU nacional. Previamente, la Asamblea Legislativa aprobó la postulación de Domingo Rondina como fiscal de Estado

 

Redacción En el Recinto. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, encabezó este jueves 21 de diciembre la segunda sesión extraordinaria del período 141°, donde se probó la emergencia en materia social, educativa y sanitaria en todo el territorio provincial (por 12 meses), con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de la población.

 

En materia social, la medida tiene como objetivo fortalecer la asistencia alimentaria y nutricional a personas con necesidades básicas insatisfechas, fomentar el desarrollo de la economía social, la puesta en funcionamiento de programas de atención a adultos en situación de calle, mujeres a cargo de hogares monoparentales, y quienes padecen violencia de género, víctimas de abuso, y personas con discapacidad.

 

En lo referido a salud, se restablece el suministro de insumos y medicamentos a instituciones públicas de salud, y mejoras edilicias, y en educación, promover la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a la educación, garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, y priorizar la alfabetización temprana e inicial en sala de 4 y 5 años, entre otras acciones.

 

“Acompañando este proyecto de ley estamos brindando al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para tomar las medidas que considere pertinentes a los fines de cumplir con los objetivos y trabajar para disminuir la crisis que estamos atravesando”, destacó el legislador Marcelo González.

 

Prisiones preventivas

El primero de los proyectos fue la aprobación de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, y luego la creación de la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad. “La ejecución de la pena privativa de libertad tiene por finalidades esenciales la reintegración social de la persona condenada, la reducción de la reincidencia y la protección de las sociedad”, detalla el proyecto. Para el logro de dichas finalidades, el Servicio Penitenciario diseñará el tratamiento de acuerdo a las distintas tipologías delictuales y perfiles criminológicos, y conducirá por sí mismo todas las acciones que esta ley no encomiende a otro organismo. Al ingreso de la persona condenada o al quedar firme su condena, iniciará de pleno derecho el período de observación, que tendrá una duración de dos meses.

 

Debate sobre el DNU

La sesión finalizó con un fuerte rechazo por parte de varios legisladores al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei. “No se puede gobernar sin tener el mínimo respeto y diálogo a las instituciones y a las representaciones del pueblo argentino. Milei intenta suprimir al Congreso Nacional. La república y la división de poderes se defienden. No podemos permitir que haya una ruptura del pacto democrático en nuestro país”, criticó el diputado Joaquín Blanco.

 

“Creemos que una mayoría construida en un ballotage da legitimidad pero eso no permite imponer una realidad al resto de las fuerzas políticas. Esta declaración de la Legislatura santafesina nos parece relevante porque no es momento de mirar para otro lado. No podemos permitir este avasallamiento a la república”, sumó Blanco.

 

En el mismo sentido, se expresó el diputado Fabián Palo Oliver, quien propuso: “Al decreto hay que rechazarlo de forma total y categórica, repudiamos toda eliminación de normas protectoras a favor de los trabajadores, consumidores, y locatarios”. En contrapartida, la diputada María Ximena Sola dijo: “El país que nos dejaron está en emergencia; y el presidente ha expresado su intención de llamar a (sesiones) extraordinarias. El presidente Milei dijo exactamente lo que pensaba realizar si llegaba a la presidencia, no miente ni mintió, y los argentinos dieron su apoyo mayoritario”.

 

Nuevo fiscal de Estado

Previamente, en Asamblea Legislativa se designaron los integrantes de la Comisión de Acuerdos, que estará compuesta por los senadores Felipe Michlig, Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Armando Traferri; las diputadas Lionella Cattalini, Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano y Astrid Hummel, y los diputados Antonio Bonfatti, Ariel Bermúdez, Marcos Corach y Emiliano Peralta. Posteriormente, se votó favorablemente el dictamen que propone prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo que propone a Domingo Rondina como fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe.

 

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