Prensa En el Recinto. En una reunión conjunta, las Comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el diputado Carlos Raúl Zapata (LLA), emitió dictámenes sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Poder Ejecutivo.
El dictamen de la mayoría alcanzó 60 firmas sobre 104 diputados presentes.
En defensa esa propuesta, el diputado Federico Pelli (LLA), señaló que «esta norma fortalece las herramientas para sancionar la explotación ilegal de nuestros recursos y aborda la arquitectura institucional de nuestro sistema de defensa y de seguridad nacional «. Y agregó: «No alcanza con hablar de soberanía sin las capacidades materiales para sostenerla».
La nueva redacción incorporó cambios propuestos por distintos bloques, de esta forma, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
El diputado Damián Arabia (LLA), argumentó las modificaciones que se incorporaron en el dictamen de la mayoría: «Mantuvimos el régimen de sanciones a quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera, pero introduciendo garantías para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios y a las participaciones accionarias minoritarias, y se modifican las figuras penales y se destinan los fondos recaudados al fortalecimiento de las capacidades de la defensa; se ha incorporado al Consejo de Seguridad Nacional el ministro de Seguridad Nacional, con las competencias delimitadas; el control parlamentario con la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, un avance de control republicano; infraestructuras críticas, hemos logrado identificarlas con los reguladores y operadores privados, las obligaciones de las empresas se limitan al cumplimiento de sus planes de seguridad; las sanciones por amenaza a la seguridad nacional, se especifican las conductas y se eliminan algunas cuya redacción era discrecional; se mantienen las medidas urgentes para amenazas graves o inminentes; se establece el marco de actuación de las fuerzas de seguridad; la desinformación, escuchando a la sociedad civil, ese artículo ha sido eliminado, y se reemplaza por otro destinado a campañas de injerencia extranjera clandestinas de engaño o ilicitud, y excluye expresamente el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida de expresiones extranjeras porque bajo ningún punto de vista el Estado debe decir que opinión es verdadera o falsa; por último, el federalismo, se incorporan resguardos específicos para las competencias provinciales y se reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos en el RIGI».
«La defensa de la soberanía nacional exige un Estado capaz de actuar, pero sometido a la ley», concluyó Arabia.
Eduardo Falcone, diputado por el MID, destacó que “entendemos que este proyecto contribuye al interés nacional”. Asimismo, valoró el diálogo para alcanzar consensos: «El espíritu general de la ley está bien enfocado, las modificaciones que solicitamos fueron recogidas».
En otro orden, desde Unión por la Patria, Agustina Propato, señaló que “pedimos separar el Titulo 1, que es el único que habla de Malvinas, para darle tratamiento particular, pero no fue escuchada nuestra propuesta «. Y cuestionó: «Este proyecto acuña un Consejo de Seguridad Nacional con claras facultades que colegian las de la Presidencia de la Nación».
Asimismo, expresó que “es inadmisible aceptar el Capítulo 5, nos va a traer serios problemas en el concierto de las naciones, debilita la posición argentina, perjudica seriamente una política sobre Malvinas que fue sostenida durante 45 años; tiene que ser reemplazado por un fondo para fortalecer las políticas en el Atlántico Sur».
Y concluyó: «El resto de los capítulos no pasan un test de constitucionalidad, no podemos acompañar semejante atropello a la democracia».
A su turno, por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló que “es un proyecto que intenta hablar de soberanía, pero constituye un fraude de proporciones». «No tiene nada que ver con la defensa de Malvinas», dijo.
Por su parte, la diputada Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), propuso, entre otros puntos, que el Consejo de Seguridad Nacional funcione como un órgano consultivo con atribuciones de asesoramiento, “prohibiéndole tomar atribuciones del poder judicial y legislativo”, explicó.
Previo al debate sobre el proyecto, los legisladores escucharon la exposición de Martín D´Alessandro, presidente de Poder Ciudadano. Y designaron al diputado Martin Yeza (PRO), como secretario de la Comisión de Legislación Penal.
