Prensa En el Recinto. En una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), se emitieron dictámenes sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada devenido del Senado con media sanción.
Al respecto, el titular de la reunión plenaria, informó que “sobre 66 legisladores presentes, el dictamen de mayoría obtuvo 34 firmas; y se firmaron dos dictámenes de minoría”.
El diputado Diógenes González (UCR), sobre el dictamen de la mayoría, celebró que “el texto mejora la técnica legislativa en los artículos 23, 27, 28 y 35”, y que “incorpora el capítulo 4 sobre la ley de tierras».
En ese sentido, detalló que “el nuevo capítulo propone dos artículos: el art. 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y, el art. 39, que restituye la plena vigencia a la ley 26737”. Y agregó: “La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad».
«Cuando nos ponemos de acuerdo en las políticas de estado se nota y da resultados», concluyó González.
Por su parte, el diputado Diego Giuliano (UxP), informó que su bloque tendrá dictamen propio. A la vez que ironizó acerca del nuevo capítulo que incorpora el dictamen de la mayoría: “Vuelven a la ley peronista que pone tope de 15% a la compra de tierras a extranjeros”.
En la misma sintonía, la diputada Paula Penacca (UxP), dijo que “la vivienda es un derecho a proteger» y cuestionó el procedimiento de desalojos que incorpora la ley. Por el mismo bloque, Lucía Cámpora, definió al proyecto como “un despojo de la propiedad privada de las grandes mayorías y de blindaje de la propiedad pública con la que se quieren quedar algunos magnates».
A su turno, Myriam Bregman (FIT), definió el nuevo capítulo como “una maniobra para que mañana no haya quorum en la sesión en la que intentaremos dar de baja el DNU 70/23″.
Sobre los desalojos, la diputada expresó que “es una ley muy grave, protege a los grandes inversores y ataca a las comunidades originarias que quedan a merced de los desalojos».
Marcos Patiño Brizuela (LLA), explicó que “la ley es clara, el desalojo responde a un test de idoneidad frente al concepto vago de utilidad pública” y que “el pago de las expropiaciones es algo que la Corte ya lo fijó, es de economía procesal».
Con respecto a los desalojos, señaló que, quienes lo cuestionan, “cuentan una mitad, la otra, es la gente que es dueña del alquiler que tiene que peregrinar por tribunales para que le devuelvan su propiedad”. “La ley establece un trámite más sumario que las provincias ya lo tienen», concluyó.
Además, el diputado Maximiliano Ferraro (CC), anticipó que su bloque “va a presentar un dictamen propio”. «La cuestión de fondo con respecto a la ley de tierras no está resuelta, vamos a defenderla», dijo.
