Prensa En el Recinto. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Agustín Monteverde (LLA), se reunió esta tarde en el Salón Azul junto con las comisiones de Legislación General, a cargo de la senadora Nadia Márquez (LLA), y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el senador Jorge Capitanich (Justicialista), para continuar con el tratamiento del proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). La propuesta, presentada por el senador Eduardo Vischi (UCR) junto con otros legisladores, apunta a cubrir un segmento de empresas que, según sus impulsores, no accede a los beneficios contemplados en otros esquemas de promoción vigentes.
Durante la reunión, los legisladores continuaron con el intercambio de opiniones y el análisis de los alcances de la iniciativa, que busca promover nuevas inversiones y generar condiciones favorables para el desarrollo productivo en las distintas regiones del país.
Vischi explicó que, luego de la presentación formal del proyecto, se incorporaron tres modificaciones principales a partir de las propuestas recibidas durante la semana. En primer lugar, señaló que se agregó el artículo 6, que establece la obligatoriedad de presentar un plan de inversión con carácter de declaración jurada para acceder a los beneficios del régimen. La modificación apunta a garantizar que las inversiones correspondan a actividades nuevas y genuinas, desarrolladas a través de nuevos emprendimientos.
En segundo término, indicó que se eliminó un inciso del artículo 10 que impedía la superposición con otros beneficios, lo que permitirá que los proyectos puedan acceder a incentivos existentes, incluso aquellos otorgados por las provincias. Por último, explicó que se modificó el artículo 12, referido a la estabilidad fiscal, estableciendo que las inversiones alcanzadas por el régimen gozarán de estabilidad normativa en materia tributaria durante 15 años desde la promulgación de la ley.
Por su parte, el senador Flavio Fama (UCR) consideró que «es una buena noticia que estemos discutiendo esto hoy acá, y estamos viendo cómo este proyecto puede ser coordinado con todos los otros proyectos. Había un faltante que este proyecto viene a cubrir».
A su turno, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) sostuvo que los distintos regímenes de incentivo cuentan con beneficios previsionales, aduaneros e impositivos diversos y consideró necesario evaluar su unificación bajo un régimen coherente. En ese sentido, manifestó su acuerdo con trabajar en la elaboración de un proyecto unificado.
Finalmente, la senadora Patricia Bullrich (LLA) expresó su acompañamiento a la iniciativa y destacó que representa «un horizonte al que vamos» y que «apunta a las necesidades del país». Asimismo, señaló que el proyecto busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas con alto potencial, incorporando también a nuevas empresas sin generar desigualdades impositivas. «El objetivo es reducir la carga tributaria para fomentar la creación de valor y puestos de trabajo», sostuvo.
Al término del encuentro, la plenaria de comisiones resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar la búsqueda de mayores consensos y avanzar hacia la elaboración de un dictamen unificado.
A continuación, se llevó adelante en el mismo salón, una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión, a cargo de Martín Goerling Lara (PRO); y de Legislación General, donde se desarrolló la quinta jornada de tratamiento del proyecto, en revisión, sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI). El encuentro tuvo como objetivo continuar el análisis y consenso de las modificaciones propuestas y luego poner a circular el dictamen para su firma.
Al inicio de la reunión, Monteverde se refirió a una nota presentada por un grupo de senadores, encabezados por Eduardo de Pedro (Justicialista), en la que se cuestionó la falta de participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, conforme al Acuerdo de Escazú. Al respecto, el presidente de la comisión sostuvo que el acuerdo se aplica a «proyectos y actividades», mientras que la iniciativa en tratamiento constituye un proyecto de ley. En ese sentido, explicó que los proyectos de inversión que eventualmente se presenten al amparo de la norma deberán someterse a las evaluaciones y audiencias correspondientes cuando resulte aplicable. «Mal podemos estar dando lugar a lo que solicita el senador De Pedro en su nota. De cualquier manera, esta comisión está abierta a recibirlo y que se exprese sobre lo que piensa al respecto», señaló Monteverde.
Posteriormente, Monteverde presentó las modificaciones que serán incorporadas al proyecto. Entre ellas, se modifica el artículo 4 para precisar que las grandes inversiones comprendidas en el régimen estarán vinculadas a «nuevas actividades económicas», incluyendo proyectos industriales, tecnológicos y de prestación de servicios vinculados con infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional. Asimismo, se modifica el inciso «O» del artículo 17, referido al plan de desarrollo de proveedores locales. La propuesta establece un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores vinculados al proyecto, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio.
También se incorpora un nuevo artículo 18, destinado a los proyectos de inversión de gran escala que sean electrointensivos. Estos deberán acreditar, como condición para su aprobación, la disponibilidad de capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento, generación propia y/o almacenamiento que contribuya a cubrir su demanda máxima sin afectar la seguridad ni la confiabilidad del sistema.La reglamentación establecerá los umbrales de potencia, porcentajes mínimos, plazos y condiciones técnicas aplicables, con intervención de la autoridad energética competente.
Por otra parte, el senador informó que se incorpora como incumplimiento sancionable el incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación de proveedores locales previsto en el plan de desarrollo correspondiente, cuando el Vehículo de Proyecto Único (VPU) no pueda acreditar que la oferta local no se encontraba disponible o no resultaba compatible con las condiciones de mercado.
En materia de sanciones, Monteverde aclaró que se establece una multa de hasta el 3% del monto correspondiente al déficit de contratación de proveedores locales verificado respecto del compromiso asumido. Con estas modificaciones, el proyecto pasa a estar compuesto por 118 artículos, según especificó Monteverde.
Antes de finalizar, los bloques políticos expresaron sus posiciones al respecto. El bloque de La Libertad Avanza manifestó su respaldo a la iniciativa con las modificaciones propuestas, a través de las intervenciones de los senadores Bartolomé Abdala y Bruno Olivera Lucero. En tanto, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) planteó reparos respecto de distintos aspectos del proyecto. Señaló que «algunas especificaciones no agotan ciertas particularidades o instancias en la iniciativa», particularmente en cuestiones vinculadas con el empleo, la certificación de condiciones ambientales y de infraestructura, entre otras. También formuló observaciones sobre los requisitos mínimos de inversión.
En la misma línea, el senador Fernando Salino (Justicia Social Federal) coincidió con algunos de los cuestionamientos planteados y afirmó que «es muy grande el sacrificio que hacen las provincias con este proyecto». Por su parte, la senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) defendió la iniciativa y sostuvo: «Cualquier regulación que pongamos o privilegio para los locales encarecemos los proyectos y trabamos la posibilidad de inversión».
Al finalizar el encuentro, el senador Monteverde, puso a disposición para la firma de los senadores el dictamen correspondiente.
