Prensa En el Recinto. Hay conversiones que llaman la atención. Sobre todo cuando son tan oportunas.
De repente, quienes durante años fueron protagonistas de la política local descubren una preocupación urgente por la “salud institucional” del Concejo Deliberante. Y, casualmente, esa preocupación aparece justo cuando está en discusión si los concejales deben tener pauta paga financiada por los contribuyentes para difundir su propia actividad.
Durante décadas, el Concejo funcionó sin que los vecinos tuvieran que pagar la promoción mediática de quienes ocupaban una banca. Actualmente, las ordenanzas se publican todas en la página web del municipio, las sesiones son públicas, y la democracia nunca estuvo en peligro por la ausencia de pauta oficial para concejales. Pero ahora, según esta nueva doctrina, parece que la República depende de que el Estado financie la visibilidad de los propios dirigentes políticos.
El recurso argumental es tan viejo como evidente: se invoca la “publicidad de los actos” para justificar la publicidad de los actores. Se habla de institucionalidad, cuando en realidad se reclama pauta. Se habla de democracia, cuando en realidad se discute dinero. Dinero público. Dinero de los contribuyentes.
Porque conviene decirlo sin rodeos: publicar ordenanzas en canales oficiales es una obligación republicana. Pero pagar espacios en medios para amplificar la presencia política de los concejales no es una obligación. Es un privilegio. Y, más aún, es un privilegio financiado por quienes no tienen ninguna banca, pero sí pagan los impuestos.
Lo más revelador, sin embargo, no es la confusión conceptual. Lo más revelador es la coincidencia política.
Resulta llamativo ver a un dirigente salir a defender con tanta vehemencia exactamente la misma posición que impulsa el kirchnerismo local (Clérici, Provera, Loyola y Diaz Patrón) dentro del Concejo. Exactamente el mismo planteo. Exactamente el mismo argumento. Exactamente el mismo objetivo: que el Estado financie la exposición mediática de la dirigencia política.
La política siempre ofrece escenas inesperadas. Viejos adversarios que parecían irreconciliables empiezan, de repente, a hablar el mismo idioma. Sectores que durante años se enfrentaron con dureza, hoy coinciden, sin fisuras, en la necesidad de que existan recursos públicos para sostener presencia política en los medios. Donde antes había denuncias, hoy hay coincidencias. Donde antes había antagonismo, hoy hay una armonía sugestiva.
No hace falta que nadie anuncie un acuerdo. A veces, los acuerdos no se firman: se ejecutan. No se declaran: se evidencian. No se explican: se exponen solos.
Porque cuando alguien sale a justificar exactamente el mismo privilegio que reclama un sector político determinado, en el mismo momento, con los mismos argumentos y con el mismo resultado práctico, lo importante no es lo que dice que defiende. Lo importante es lo que, en los hechos, está defendiendo.
La pauta para concejales no es una necesidad institucional. Es una necesidad política. Y quienes hoy salen a militarla desde afuera, en perfecta sintonía con quienes la reclaman desde adentro, no están defendiendo la democracia. Están defendiendo un mecanismo para que la política se financie a sí misma con el dinero de los contribuyentes.
Los vecinos no necesitan pagarle la publicidad a los políticos para que exista democracia. Pero algunos políticos, evidentemente, sí necesitan que los vecinos se la paguen. Y cuando empiezan a aparecer defensores inesperados, diciendo exactamente lo mismo que quienes quieren ese privilegio, el mensaje es claro.
Demasiado claro.
El Concejo Deliberante debe tener publicidad de la actividad legislativa
