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Cañada de Gómez

11 de junio de 2020

Mazzoli: el Estado no puede intervenir una empresa privada cuya potestad sólo está en manos de los jueces, ni siquiera amparándose en la soberanía alimentaria

El pedido de rechazo al decreto del Presidente de la Nación pasó a Comisión

 

Redacción En el Recinto.  El bloque de Juntos por Cañada presentó una Minuta de Declaración sobre el tema Vicentín, la misma pasó a Comisión al no conseguir los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas. El único artículo que posee el proyecto expresa su rechazo al Decreto dictado por el Gobierno Nacional disponiendo la intervención de la sociedad Vicentin SAIC, por contradecir el mismo expresas disposiciones contenidas en la Ley 21.499 y en los artículos 17, 99 inc. 3 y 109 de la Constitución Nacional.

 

El concejal Franco Mazzoli señaló que el Poder Ejecutivo Nacional, realizó la intervención y ocupación temporánea anormal de la empresa, anticipándose al Congreso y por lo tanto de manera inválida e ilegal, e incluso contradiciéndose en el artículo 7 del proyecto de ley de expropiación que determina la intervención a partir de entrada en vigencia de la ley que aún no fue sancionada.

 

“No se dan las circunstancias excepcionales mediante las cuales se hace imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, de conformidad al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional para que el presidente de la Nación pueda emitir disposiciones de carácter legislativo por decreto”, explicó el concejal haciendo uso de su profesión de abogado y agregó que “conforme al art. 109 del mismo cuerpo legal, el presidente de la Nación, en ningún caso, puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes”.

 

El presidente del unibloque Juntos por Cañada continuó: “el Estado no puede intervenir una empresa privada cuya potestad sólo está en manos de los jueces, ni siquiera amparándose en la soberanía alimentaria, algo que carece de entidad en términos jurídicos.  La intervención es para empresas dentro del ámbito administrativo, y este no es el caso; la empresa tiene en trámite su concurso preventivo de acreedores y es el Juez quien garantiza los derechos tanto de los acreedores como de la empresa”.

 

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Marcial Varvello

Comentario
No está agotado el camino de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras como para justificar la aplicación de la ley de expropiación, la cual implicaría a su vez una ley especial al respecto. Este procedimiento intentado por el gobierno nacional es palmariamente inconstitucional. Violenta el art. 17 de nuestra Carga Magna, en razón de que la "utilidad pública" no está en riesgo cuando aún el derecho especial aplicable (ley 24.522) puede salvaguardar los derechos privados tanto de los accionistas de la empresa como de los acreedores, por ejemplo, asumiendo que no se llegue a un acuerdo, ya que los principales acreedores podrían no aceptar la prouesta del art. 45 LCQ, aún está la opción de la apertura al mercado de capitales. Ahora, si la "utilidad pública" viene entendida como NO al mercado de Capitales, ESTAMOS DESTRUYENDO AL ESTADO DE DERECHO. Si, también, por indicios o pruebas, corresponde la intervención de la justicia penal, en nada obtura lo comentado arriba.

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