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Cañada de Gómez

30 de noviembre de 2017

Rechazo a la privatización de funciones de Vialidad Nacional

Es por la creación a través de un decreto de Corredores Viales SA por parte del gobierno nacional

 

En esta semana, el bloque de preside el concejal Marcelo Casalegno presentó un Proyecto de Resolución que rechaza cualquier proyecto nacional que intente la virtual privatización de las funciones que lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad, siendo las mismas atribuciones indelegables del Estado en materia de obras públicas y mantenimiento de rutas y autopistas en todo el país.

 

El articulado también solicita a los legisladores nacionales que representan a la Provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación, el rechazo a cualquier proyecto de ley que establezca la creación de entes superpuestos a la Dirección Nacional de Vialidad, significando una virtual privatización de la misma y le reitera el pedido a la Dirección Nacional de Vialidad para que ordene a la UTE formada por Obring SA y Laromet SA, el inmediato comienzo de las obras de repavimentación de la calzada de la ruta Nacional 9 en el tramo entre las ruta AO122 y Bell Ville, anunciado meses atrás, dado el avanzado estado de deterioro de la misma.

 

“En una presentación anterior habíamos reclamado por las obras de la ruta 9 a Vialidad para que se de inicio el trabajo de la UTE en la que es parte la firma Obring que tiene su obrador en nuestra ciudad”, expresó en el recinto el concejal Casalegno.

 

Los diputados y senadores opositores consideraron que la creación de Corredores Viales SA es, en realidad, una “privatización” encubierta de la Dirección Nacional de Vialidad, puesto que los fines de la empresa son la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional, es decir, los mismos que el organismo oficial. “Nos enteramos de este decreto y hace algunos días recién tuvimos acceso al mismo”, agregó el edil del PJ. “Sabemos que desde una comisión bicameral lo han rechazado y se trata de establecer una ley para  que el gobierno nacional no avance en esta privatización”.

 

Si bien, en principio será una sociedad con acciones repartidas entre reparticiones del Estado, el decreto dejó abierta la posibilidad de que puedan ser vendidas a privados. Por lo tanto, este tipo de medidas “pone en peligro más de seis mil puestos de trabajo”, renunciando a la atribución del Estado de brindar un servicio de mantenimiento y de construcción obras publicas viales, para convertirlo en empresa privada.

 

El proyecto de resolución contó con la aprobación de todos los concejales presentes en la sesión.

 

Mas Información: La Bicameral de Trámite Legislativo rechazó el decreto presidencial que crea la empresa Corredores Viales

 

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