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Cañada de Gómez

POLíTICA

29 de abril de 2017

Tras los reclamos, Lifschitz suspendió la rescisión de mutuo acuerdo con ARRSA

Luego de que los diputados del bloque del FPV-PJ presentaran pruebas de los incumplimientos por parte de la concesionaria de la autopista, la Provincia decidió -por dictamen de Fiscalía de Estado- someter a revisión la extinción de la concesión

 

A instancias de una resolución de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial decidió dejar sin efecto la rescisión “por mutuo acuerdo” que había firmado con ARRSA, la empresa concesionaria que explotaba hasta hace meses la autopista Rosario-Santa Fe. La medida era reclamada intensamente por el bloque del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista, que venían ofreciendo pruebas, datos e informes de las Universidades Nacionales de Rosario  y del Litoral, que daban cuenta de la irrazonabilidad del trato que el Ejecutivo provincial había firmado con la empresa.

 

“Los estudios de la universidad afirmaban que la empresa obtuvo ingresos por más de $150 millones, pero solo pavimentó el 24% de la traza y no utilizó los materiales que figuraban en el contrato, por lo que exigimos que se deje sin efecto esta polémica rescisión, que haya sanciones y que se ejecute el fondo de garantía, además de que se cancele la nueva licitación”, recordó la diputada Silvia Simoncini.

 

En el marco de esta polémica, se conoció un dictamen emitido por la Fiscalía de Estado en el que expresa que "lo actuado y los informes no logran justificar con claridad la solución a la cual se arribó en materia de imputación de responsabilidad", es decir, la rescisión de mutuo acuerdo por incumplimientos de ambas partes que rubricó el gobierno provincial con la concesionaria.

 

En virtud de ello, el máximo órgano de asesoramiento legal del Poder Ejecutivo, que hasta este momento no había sido consultado, recomendó  que se lleve a cabo "una nueva instancia de análisis técnico de las consecuencias económicas derivadas de la rescisión" que sirva para poder deslindar responsabilidades de las partes. 



“La Fiscalía observó la modalidad de rescisión -de común acuerdo- porque  justamente este punto provocaría un perjuicio económico para la Provincia, que debería asumir la totalidad de los costos de reparación de la autopista”, analizó la legisladora peronista.

 

En tanto, el gobernador Miguel Lifschitz acató la observación y  emitió un nuevo decreto en el cual  suspende los efectos del anterior  de fecha 30 de diciembre del año pasado “Esperamos que el Ministerio de Infraestructura cumpla con lo establecido en este nuevo decreto y asegure que ARSSA actualice las garantías que permitan el cumplimiento del contrato original hasta que, cumplido el plazo de 180 días, se llegue a un dictamen definitivo”, manifestó la diputada.

 

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