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LEGISLATIVAS

25 de abril de 2017

Esperamos el tratamiento de nuestra Ley de marco regulatorio para la energía eléctrica, dijo Giustiniani

Tras el anuncio de la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe para sancionar este año una ley que regule la prestación de este servicio, el diputado recordó que el año pasado presentaron, junto a la diputada Augsburger, un proyecto de ley en tal sentido

 

La iniciativa Marco Regulatorio del Servicio Público de Energía Eléctrica en la provincia de Santa Fe (Expediente 32400) presentada por el diputado Rubén Giustiniani y la diputada Silvia Augsburger del bloque Igualdad y Participación ingresó el 30 de noviembre pasado y espera obtener despacho en la comisión de Obras Públicas.

 

“Coincidimos con la Secretaria de Energía que la provincia de Santa Fe debe tener un marco regulatorio de la energía y por eso hace casi dos años presentamos una Ley marco Regulatorio de los Servicios Públicos y el año pasado un Marco Regulatorio especifico de la electricidad", señaló el diputado Giustiniani luego de conocerse la intención del Gobierno Provincial de debatir el tema el próximo mes y lograr un proyecto consensuado.

 

“El servicio eléctrico –continuó Giustiniani- no tiene ninguna regulación en la provincia de Santa Fe y por eso presentamos esta iniciativa. En reiteradas oportunidades señalamos la necesidad de que se garantice por ley la defensa de los usuarios, una tarifa justa y razonable y un servicio de calidad”.

 

La iniciativa de Giustiniani y Augsburger crea un Ente de Control del Servicio Eléctrico (ENCSE) y se encuentra en sintonía con lo establecido en el proyecto que también impulsan sobre Marco Regulatorio General, incorporando las particularidades propias del sector eléctrico.

           

Regula la prestación del servicio tanto de la EPE como de las cooperativas eléctricas en su generación, transporte, distribución y  comercialización.

 

Entre otros puntos, establece los deberes de las prestadoras, derechos de los usuarios, convocatoria a audiencias públicas, fija criterios tarifarios y prohíbe el ajuste automático de las tarifas.

 

Una vez que obtenga despacho favorable en la comisión de Obras Públicas, debe ser tratado en las comisiones de Derecho y Garantías, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.

 

 

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