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22 de marzo de 2017

Casalegno pidió a la provincia que adhiera al Decreto Nacional de Emergencia en Seguridad

Agrega además que se de respuesta al pedido realizado por la comunidad ante los hechos de robos que viven los cañadenses

 

El bloque del Frente Justicialista para la Victoria ha pedido  al Gobierno de Santa Fe que en el marco de las disposiciones legales que lo habilitan agilice la puesta en marcha de medidas tendientes a combatir el delito y la comisión de todo tipo de ilícitos que hoy afectan a toda la sociedad santafesina, dotando en forma urgente, tanto a las fuerzas de seguridad como a las dependencias judiciales, de los recursos humanos y materiales necesarios.

 

También requerir al Poder Ejecutivo y a la Legislatura adhiera al decreto nacional Nº 228/16 de emergencia de seguridad pública en todo el territorio nacional con el fin de lograr combatir coordinadamente los distintos tipos de delitos en sus diferentes modalidades.

 

Finalmente, solicita  al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, la concurrencia tanto de funcionarios como de asesores de dicha cartera, como al senador Rasetto, a las reuniones que se llevan a cabo en el Consejo de Seguridad que funciona en la ciudad de Cañada de Gómez, con el objetivo de debatir y encontrar respuestas a temas urgentes relacionados al combate del delito.

 

En la sesión, el cocnejal Marcelo Casalegno recordó que el Consejo de Seguridad requirió al Gobierno Provincial más personal policial, capacitación, equipamiento y la implementación del 911, el monitoreo de cámaras de seguridad, la provisión de mayor presupuesto a la Fiscalía de Investigaciones, ante el reclamo de vecinos, comerciantes y productores rurales, entre otras demandas; “La única respuesta que se recibió hasta el momento a estos reclamos es la entrega de una casilla para la Guardia Rural Los Pumas, sin móvil para trasladarla”, dijo el edil.

 

“La emergencia en seguridad”, explicó, “permite a las autoridades competentes disponer de  partidas presupuestarias especiales que agilizan la adquisición y adecuación de los medios y recursos para combatir la inseguridad evitando trámites burocráticos que restarían eficacia al accionar tanto de los funcionarios, como al personal de seguridad abocado a la aplicación de medidas para lograr el combate del delito en sus distintas modalidades”,  cerró su exposición diciendo que “es responsabilidad de las autoridades competentes en materia de seguridad publica tomar las medidas acordes a las circunstancias que se presentan en cada caso en particular, que permitan actuar con eficiencia y celeridad ante esta problemática”.

 

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