Prensa En el Recinto. Lucila De Ponti y Veronica Baró Graf presentaron junto con presidentes comunales, legisladores locales y cooperativas de servicio dos iniciativas para que las cooperativas santafesinas de agua y luz reciban un aporte del Gobierno Provincial, tal y como lo perciben la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA). De esta forma se busca proteger a aquellas empresas que prestan un servicio social a municipios y comunas en la provincia.
“El 15% de los santafesinos accede a la luz y la electricidad a través de cooperativas. En el caso de agua potable y cloaca, la cifra se duplica”, explicó De Ponti, y señaló: “sin embargo no reciben el mismo trato que los usuarios de las grandes empresas públicas”.
“Nosotros proponemos dos iniciativas similares a las que impulsaban los actuales funcionarios del área y por el mismo gobernador durante la gestión anterior: crear un Fondo Compensador para el caso del agua, y brindar beneficios y exenciones a los usuarios en el caso de la luz”, sostuvo la diputada.
De Ponti aseguró que “las cooperativas y gobiernos locales tienen enormes dificultades financieras por el aumento de los costos e insumos, y por la falta de herramientas para afrontar esta situación”. “Con estas propuestas estamos retomando iniciativas para equilibrar los aportes de la provincia a las cooperativas. En un contexto de recesión económica donde es más necesario que nunca”, sentenció.
Los proyectos impulsados por De Ponti y Baró Graf fueron presentados hoy junto a los presidentes comunales Gonzalo Goyechea, de María Teresa, y Pablo Giorgis, de Santa Isabel, y los concejales de Venado Tuerto Bruno Taddia y Flor Giacometti.
En los textos, se declara de interés público provincial la tarea de las cooperativas eléctricas, y equipara su tarea a la de la EPE, lo que le permitirá acceder a sus usuarios a los beneficios y diferenciales que recibe la empresa provincial. También se crea el Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios, mediante el cual se instrumenta una compensación en el reparto de los fondos públicos entre ASSA y las cooperativas.