Prensa En el Recinto. El diputado Nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, presentó un proyecto de ley que propone establecer un régimen nacional de gestión integral del riesgo hídrico frente al fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos extremos, con el objetivo de proteger la vida de las personas, los bienes, la producción, la infraestructura estratégica y el ambiente.
En ese sentido, Giuliano expresa que “la política pública no puede limitarse a responder cuando la inundación ya ocurrió, sino que debe anticiparse mediante planificación, prevención y obras que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades”.
El proyecto establece la elaboración y actualización anual de un Plan Nacional de Prevención y Adaptación. Entre otros aspectos, el plan deberá identificar zonas críticas, establecer protocolos de evacuación y contingencia, priorizar obras de infraestructura hidráulica y contemplar la protección de rutas, puentes, puertos y ferrocarriles.
Alerta temprana y coordinación federal
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, mediante una mayor coordinación entre el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y los organismos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo es contar con sistemas de alerta oportunos, interoperables y de acceso público, que permitan anticipar situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades.
La iniciativa también plantea una mayor articulación entre Nación, provincias y municipios, respetando las competencias constitucionales de cada jurisdicción y promoviendo la cooperación en la gestión de cuencas y sistemas hídricos compartidos.
Obras públicas preparadas para los nuevos escenarios climáticos
El proyecto dispone que toda obra pública financiada total o parcialmente por el Estado Nacional, incorpore criterios de adaptación, resiliencia y reducción del riesgo hídrico.
Para Giuliano, “las inversiones en infraestructura deben contemplar los escenarios climáticos futuros y no reproducir obras que puedan quedar rápidamente expuestas frente a eventos extremos”. En esa línea, la propuesta presentada busca proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
“Hay que pasar de la emergencia a la prevención”
En los fundamentos, Giuliano sostiene que Argentina atraviesa una creciente frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, entre ellos inundaciones, precipitaciones extraordinarias, crecidas de ríos y anegamientos urbanos y rurales, con consecuencias sobre las viviendas, la infraestructura, los servicios esenciales y las economías regionales.
El legislador plantea que la gestión del riesgo debe dejar de ser una política exclusivamente reactiva y convertirse en una política permanente de prevención, adaptación y resiliencia.
“No se trata únicamente de responder a las emergencias cuando estas ocurren, sino de anticiparlas, reducir sus impactos y fortalecer la capacidad de adaptación de nuestro país”, sostiene el proyecto.
La iniciativa destaca además que la prevención no sólo permite reducir daños humanos, sociales y ambientales, sino que constituye una decisión eficiente en términos económicos: la planificación preventiva requiere menos recursos que la asistencia, reconstrucción y reparación de los daños provocados por una catástrofe.
Un Fondo Nacional para financiar la prevención
La iniciativa crea además el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo Hídrico, destinado a financiar obras, programas, estudios, proyectos e inversiones vinculados con la prevención, mitigación, adaptación y respuesta frente a eventos climáticos extremos.
Además, los recursos tendrán como prioridades la ejecución de obras hidráulicas y de protección contra inundaciones, el fortalecimiento de los sistemas de alerta y monitoreo, la protección de infraestructura crítica y la asistencia técnica y financiera a provincias y municipios.
Ciencia, federalismo y transparencia
El proyecto no propone crear nuevos organismos, ni modificar el esquema constitucional de competencias. Por el contrario, busca integrar la información científica existente con la toma de decisiones públicas, fortaleciendo la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
“La planificación basada en evidencia científica, la cooperación federal, la transparencia y la evaluación permanente constituyen herramientas indispensables para disminuir los riesgos y proteger tanto a las personas como a la producción, la infraestructura estratégica y el ambiente”, señala Giuliano en los fundamentos.
