Prensa En el Recinto. En sesión especial, la Cámara de Diputados avaló el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual cuenta con media sanción del Senado de la Nación. Ahora, tras obtener modificaciones, la iniciativa deberá retornar a la Cámara alta para su revisión definitiva antes de ser ley. Obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.
En defensa del dictamen de mayoría, el diputado nacional, Santiago Santurio (LLA), afirmó que “lo que venimos a discutir es cómo vamos a proteger este principio de la propiedad privada” al asegurar que la norma “tiene que ser una política de estado” y consideró que “es fundamental que entendamos que respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”.
Sobre el tema de las expropiaciones, Santurio consideró que “el Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde. Y por eso establecemos parámetros claros de qué forma se puede declarar un bien de uso público y que se realice esa expropiación, y que esa expropiación haga el menor daño a la propiedad privada”.
En contrapartida, el diputado nacional Diego Giuliano (UxP), ratificó la postura de su bloque: “Nuestra posición respecto a la propiedad privada siempre es con función social». Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), por su parte, sostuvo que “no estamos discutiendo una prohibición absoluta, estamos discutiendo nada más ni nada menos cómo preservamos ese derecho que está relacionado a la soberanía nacional, a la integridad territorial, al federalismo y a la protección de recursos naturales”.
«Esta es una ley para atacar conquistas sociales, donde están encareciendo las expropiaciones y acelerando los desalojos», fustigó la legisladora Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia destacó “el diálogo político”, al señalar que, producto de eso, “en esta ley vamos a derogar cualquier duda respecto al Art. 154 del DNU 70 y vamos a ratificar la ley de Tierras en la Argentina».
Luego, Martín Yeza, diputado del Pro, se refirió al desalojo exprés: “Es importante para miles de familias argentinas. Es un proyecto equilibrado porque contempla familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad».
En continuación con el Orden del Día, la Cámara de Diputados por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, le dio media sanción al proyecto de ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa busca eliminar el concepto de emergencia y tiene como objetivo consolidar de manera permanente un esquema que brinde previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
Como miembro informante del proyecto, el diputado Gerardo Huesen (LLA) consideró que «hablar de discapacidad exige sensibilidad y también exige memoria”. Asimismo, agradeció a los bloques dialoguistas que participaron en la construcción del dictamen de mayoría, “porque entendieron que, a pesar de sus diferencias políticas, las personas con discapacidad están primero”. “No podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de manipulación política y utilización”, dijo Huesen.
De igual modo, la diputada Gisele Castelnuovo (LLA) señaló que «hoy tenemos una oportunidad histórica de reconocernos unidos en este punto de inflexión”. “Hoy podemos admitir que hay una deuda histórica de muchos años. Y además podemos, y deberíamos afirmar y enviar este mensaje contundente, de que queremos una verdadera política de Estado superadora, que no deba revalidarse cada diciembre”, dijo Castelnuovo.
Posteriormente, el diputado Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) propuso modificaciones en el dictamen de mayoría que fueron aceptadas por el oficialismo.
Al respecto, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) consideró que “hemos hecho un trabajo que responde a la demanda de todo el colectivo de las personas con discapacidad en la República Argentina”.
El diputado Diógenes González (UCR) coincidió en que “estamos mostrando sensibilidad con los millones de personas con discapacidad que necesitan una respuesta”. “Hemos generado un proyecto que establece permanencia versus emergencia y aporta, sobre todo, libertad a las personas con discapacidad”, sostuvo.
Durante la sesión especial, obtuvo aval de los diputados el proyecto que apunta a crear un módulo informático interoperable con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos existente, con el objeto de establecer la trazabilidad integral, obligatoria y en tiempo real de todas las especialidades medicinales consideradas Medicamentos de Alto Riesgo (MAR), y de todos los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) utilizados o destinados a ser utilizados en la elaboración de dichos medicamentos de alto riesgo.
El texto se aprobó en general y en particular por 241 votos afirmativos, 1 voto negativo y 5 abstenciones. Dicha norma, que surgió a partir del caso del fentanilo contaminado del 2025, crea un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), de carácter obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT.
Al respecto, la diputada Silvana Giudici (LLA) destacó que “es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia y una crisis como esta con la madurez suficiente como para dar respuestas contundentes y concretas al dolor de los familiares”. “Por primera vez, en esta Cámara, se creó una Comisión Investigadora y de Seguimiento donde los protagonistas fueron los familiares”, resaltó Giudici.
En otro orden temático, también consiguió media sanción el proyecto de ley que tiene por objeto adecuar y actualizar las normas penales para combatir el vandalismo rural. La iniciativa propone cambios al Código Penal de la Nación y modificaciones sobre estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas. Se aprobó en general por 162 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención y será girado al Senado de la Nación para su sanción definitiva.
Como defensor de la norma, el diputado Martín Ardohain (PRO) sostuvo que «estamos en un momento histórico para muchos que venimos del interior, que venimos del campo”. “Este es un reclamo muy importante para nuestras familias”, dijo Ardohain.
También, los legisladores le dieron media sanción al proyecto de ley que propone transferir a título gratuito el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB) —perteneciente a la ex Junta Nacional de Granos— a la Provincia del Chaco. Dicho predio, propiedad del Estado Nacional, está situado en la localidad de Barranqueras, departamento San Fernando, de la mencionada provincia.
Por último, los diputados trataron el proyecto denominado «Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores», y definieron que se retome su tratamiento en comisión.
