Redacción En el Recinto. La fiscal Karina Bartocci de la Fiscalía Regional 2ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, desestimó “por falta de elementos serios y verosímiles para iniciar fundadamente una investigación”, la denuncia presentada por la concejal, de Trabajando por Cañada, Stella Clerici, contra el intendente Municipal de Cañada de Gómez, Matías Chale, por la comisión de posibles ilícitos penales contra la administración pública.
La denunciante manifestó que en el año 2023 se aprobó en el Concejo Deliberante la creación de un Fondo de Seguridad mediante la Ordenanza Nro. 10.330 que permitió la inversión en la materia para prevenir el riesgo de deterioro de la situación y cooperar con los agentes de prevención e investigación provinciales y nacionales.
Según lo aportado a la justicia, el período noviembre 2023 a marzo 2024 el depósito o transferencia del 2% de lo recaudado en concepto de ingresos corrientes no se realizó al Fondo de Seguridad dentro de los 30 días hábiles que cierra el mes “existen transferencias a determinadas personas físicas y jurídicas cuya identidad o finalidad no se conocen”, lo que entiende la denunciante que “existe un grado alto de probabilidad de que estén usando el dinero destinado al fondo de seguridad para otros fines, debiendo investigarse si esos fines son propios del municipio o alguien está sustrayendo el dinero de las arcas municipales”.
El lunes 28 de septiembre, la fiscal Bartocci desestimó la denuncia iniciada por Clerici y fundamentó: “En primer término, no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan corroborar la hipótesis introducida por la denunciante respecto a un eventual destino diferente de los fondos públicos involucrados”.
“Por el contrario”, continúa el texto judicial, “las sociedades y personas individualizadas fueron consultadas, y al brindar las explicaciones correspondientes, informaron que efectivamente se desempeñaban como prestadoras de servicios de la municipalidad, vinculados con tareas y prestaciones relacionadas a la seguridad ciudadana”.
“Por tanto, no existen elementos suficientes que permitan sostener que aquellos obedecieron a prestaciones inexistentes, simuladas o ajenas a la finalidad pública de los recursos”, remarcó la fiscal. En igual sentido, «los fondos permanecieron disponibles y no fueron aplicados a un destino diferente, sino que simplemente existió una demora en su depósito. No hubo un cambio de destino, a lo sumo hubo un incumplimiento temporal de una obligación de depositar y una demora, por sí misma, no equivale a malversar”, concluyó.
