Prensa En el Recinto. La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto de ley para atender la crisis de sobreendeudamiento que atraviesan miles de familias santafesinas, “ahogadas entre salarios que no alcanzan, un gobierno que se les ríe en la cara y un sistema de créditos digitales que multiplica exponencialmente las deudas”, según planteó.
«Hay una clase media que se cae y nadie está ahí para tenderle una mano”, señaló De Ponti, y agregó: “la gente se endeuda porque al día 20 ya no hay más sueldo, por lo que decir que es un mero acuerdo entre privados, como dijo Milei, está mal no sólo desde un punto de vista de la empatía, sino también de diagnóstico”.
La legisladora justicialista consideró que el presidente “miente al decir que la economía anda bien, y miente cuando dice que el problema es que hay gente que gasta de más”. “El problema es su modelo económico, que está destruyendo el poder adquisitivo mientras barre con la producción y el trabajo argentinos”, apuntó. “El 40% de las personas en mora sacó créditos de menos de $370.000. Sin dudas, es dinero destinado a tapar baches de gastos corrientes.”
En ese sentido, De Ponti sostuvo que “nosotros no tenemos miedo de señalar a los responsables de este atropello, ni le vamos a pedir permiso a los usureros digitales para legislar a favor de quienes la están pasando mal».
El corazón de la iniciativa presentada por la diputada es la extensión a todos los santafesinos de un sistema de asistencia financiera para refinanciar deudas, con tasa fija máxima del 35% TNA, plazos mínimos de 24 meses e incentivos fiscales para las entidades que se adhieran. “Es un esquema pensado para sacar a las familias de la timba del crédito digital y devolverles capacidad de pago real”, explicó.
El proyecto avanza además sobre las prácticas del crédito digital que hoy operan sin control. Por un lado, obliga a bancos y fintechs a informar el Costo Financiero Total (CFT) y su composición, prohíbe las casillas pre-tildadas y las renovaciones tácitas de crédito, y habilita la revocación automática del débito. Por otro, erradica las prácticas hostigantes de cobranza (llamados en horarios de descanso, amenazas falsas de embargo y contacto con familiares) y obliga a pausar los reclamos ante el desconocimiento de la deuda. Se propone también que las condiciones de refinanciamiento se elaboren de acuerdo a los ingresos familiares.
También establece el derecho a saber si una denegación o condición crediticia fue decidida por un algoritmo o Inteligencia Artificial, habilitando la revisión humana y auditorías estatales contra la discriminación.
«Se puede legislar a favor de la gente. Se puede poner un límite a los que se aprovechan del mal momento de miles de familias para tener una ganancia extra. El Estado sirve justamente para ponerle un freno al vale todo, a lo mejor por eso el presidente se puso como misión destruirlo”, enfatizó De Ponti.
