Prensa En el Recinto. En la sala de Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se desarrolló una reunión de trabajo presidida por el presidente provisional del cuerpo y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, con el objetivo de analizar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone una nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo para la provincia de Santa Fe.
El mismo cuenta con pedido de tratamiento preferencial y busca reemplazar y actualizar el régimen actualmente vigente, establecido por la Ley N.º 11.330, incorporando estándares procesales modernos, criterios derivados de la Constitución provincial reformada, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia de los tribunales provinciales y nacionales.
“El objetivo de este encuentro es escuchar a los especialistas presentes, intercambiar opiniones, disipar dudas y poder avanzar con su aprobación con el mayor consenso posible”, manifestó Michlig.
De la reunión participaron Fabián Bastia, Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Julia Tonero, Secretaria Legal y Técnica de la provincia, Santiago Mascheroni, Secretario de Justicia, Gerónimo Peñalva, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, el Diputado Provincial, Ariel Bermúdez y los senadores Ciro Seisas, Leonardo Diana, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, Esteban Motta, Julio Garibaldi, Pablo Verdecchia y Leticia Di Gregorio. También estuvieron presentes el Secretario Legislativo Agustín Lemos, el Secretario Administrativo, Leonardo Stangaferro y el Secretario del Bloque Radical, Ramiro Dallaglio.
Principales modificaciones
Entre los principales cambios, el proyecto amplía las pretensiones que podrán discutirse en el fuero contencioso administrativo, incorporando reclamos vinculados a daños y perjuicios, declaraciones de certeza, vías de hecho administrativas y órdenes de pronto despacho dirigidas a la administración pública.
Asimismo, la propuesta introduce modificaciones orientadas a garantizar un mayor acceso a la justicia y agilizar los procesos judiciales, entre ellas la ampliación del plazo para presentar demandas de 30 a 90 días hábiles judiciales, la incorporación de audiencias orales y medidas de tutela urgente, la flexibilización excepcional del requisito de agotamiento de la vía administrativa y la posibilidad de morigerar el requisito de pago previo de tributos en casos donde ello pudiera derivar en una denegación de justicia.
Ampliación de competencias y especialización judicial
Además, el proyecto propone ampliar la competencia material de los órganos jurisdiccionales contencioso administrativos, con el objetivo de fortalecer la especialización judicial, unificar el tratamiento de controversias vinculadas al Derecho Administrativo y brindar mayor claridad respecto de los tribunales competentes para intervenir en este tipo de procesos.
