Prensa En el Recinto. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Gobierno nacional debe ejecutar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente. El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y calificó sus argumentos como “poco serios”. La decisión generó alivio en la comunidad académica: el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, celebró el fallo como “una excelente noticia para la comunidad universitaria en un contexto extremadamente delicado”, y destacó que la Justicia respaldó la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La medida cautelar exige al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de todas las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán subrayaron que los argumentos del gobierno nacional, que sostenían que la cautelar equivaldría a una sentencia definitiva encubierta, carecían de seriedad. Además, remarcaron que la medida tiene un impacto fiscal bajo y no afecta de manera significativa el interés público, mientras que protege un derecho fundamental consagrado en la Constitución, la educación superior pública.
